Solidaridad

Viene a colación del debate sobre solidaridad entre territorios suscitado estos últimos días.

¿Cómo se establece la solidaridad?.

Tiene razón la vicepresidenta del gobierno de España cuando afirma que la solidaridad la tienen las personas al pagar sus impuestos, no los territorios.

Tenemos que admitir que es cierto, y que, consecuentemente, es mucho más solidario (aunque esté mal visto) el director general que gana 400.000 € al año y por tanto aporta 208.000 € de su salario a la solidaridad (224.000 € si es catalán) que el empleado de producción que aporta unos 3.800 € de los 24.000 € brutos anuales de su salario, y éste mucho más que la persona que está en situación de desempleo que no aporta nada y recibe un subsidio de 14.000 € al año.

Dejamos aparte el tema de las rentas de capital, ya tratado en las anteriores entradas acerca del Sr. Buffet y su secretaria.

Así pues, ¿por qué no vemos manifestaciones de directores generales (catalanes) reclamando sobre el expolio al que están sometidos?. Probablemente porque no son muchos y difícilmente llenarían la Castellana o el Passeig de Gràcia, pero sin duda también porque se comparte que en nuestra sociedad del bienestar debe existir la solidaridad interclases y porque la progresividad del impuesto es justa y mantiene la ordinalidad en todo momento. Es decir, la renta disponible para el director general una vez satisfecha su cuota de solidaridad (192.000 €, 176.000 € si es catalán) sigue siendo mayor que la de sus colaboradores en el equipo directivo y la de éstos sensiblemente mayor que la de los empleados de producción (20.200 €). Los empleados de producción mantienen también su ordinalidad respecto a los desempleados (14.000 €), aunque aquí puede haber ya algunos desajustes (puede que algún desempleado llegue a tener más renta disponible que un empleado, con el consiguiente efecto pernicioso para la incentivación en la búsqueda de empleo).

Podemos pues admitir que una regla de oro de la solidaridad es el mantenimiento de la ordinalidad. No es posible que un receptor de solidaridad acabe disponiendo de una renta superior que un emisor de solidaridad. Esto, que es válido para las personas, lo es también para las agrupaciones de personas, agrupaciones hechas del modo que nos apetezca (por el color de ojos, del pelo, o por el territorio en el que residen).

Por tanto, si una de estas agrupaciones (territorio en el que residen) emisoras de solidaridad comprueba que no se respeta la ordinalidad en la solidaridad y una vez hecho el reparto algunas agrupaciones receptoras la superan en renta disponible, encontrará el sistema injusto y dispondrá todas sus energías para cambiarlo.

Es lo que finalmente ha pasado en Alemania (parece que la opinión pública está cansada de pagar la fiesta del sur de Europa, hay que reconocerles y agradecerles el tiempo que han tardado en cabrearse) y también en Catalunya, que ahora ve como irrenunciable el pacto fiscal que ponga límite a la solidaridad, manteniendo la ordinalidad citada anteriormente.

Ahora se ve tan evidente que no podíamos vacilarles a los alemanes con que teníamos más quiilómetros de AVE que ellos cuando lo hacíamos con su dinero. Del mismo modo hay agrupaciones territoriales de individuos que no deberían "vacilar" con que tienen los libros de texto o el dentista gratis cuando lo hacen con el dinero de otras agrupaciones territoriales de individuos donde estas prebendas no se contemplan.

Sí, Sra. Vicepresidenta, la solidaridad la tienen las personas, y el que tiene la responsabilidad de repartir esa solidaridad debe ser justo y no perjudicarlas, ni a ellas ni a sus agrupaciones.